De las más de 10 millones de personas afectadas por el conflicto armado en Colombia, seis millones de personas desplazadas siguen a la espera de la indemnización estatal por la pérdida de sus hogares, medios de vida o seres queridos. 

“Colombia cuenta con uno de los marcos de reparación para personas desplazadas más ambiciosos del mundo, pero indemnizar a una población mientras el conflicto continúa es como intentar vaciar con una taza un balde con fugas mientras el grifo sigue abierto. Afrontar este desafío requiere de una cooperación internacional sostenida que acompañe al Estado a cumplir sus compromisos”, afirmó Boris Aristin, gerente de uno de los consorcios humanitarios con mayor experiencia en el país, especializado en la respuesta al conflicto, conocido como MIRE+. 

De acuerdo con las advertencias de la Defensoría del Pueblo de Colombia y los organismos nacionales de control, al ritmo actual de procesamiento y asignación presupuestal, completar la indemnización de todas las personas desplazadas registradas podría tomar más de seis décadas. Para muchas personas sobrevivientes del conflicto armado, esto significa que el alivio prometido podría no llegar durante sus vidas. 

Las cifras del año pasado ilustran la magnitud de la situación. En 2025, se registraron casi 400.000 nuevas personas desplazadas por el conflicto, mientras que cerca de 230.000 recibieron la indemnización estatal. Como consecuencia, cientos de miles de familias más se han sumado a la espera por la indemnización del Estado. 

“El Estado trabaja para sacar el agua, pero el conflicto activo mantiene el grifo abierto, aumentando en el país el número de familias desplazadas que necesitarán la indemnización estatal”, señaló Aristin. 

Es aquí donde el apoyo internacional resulta vital. En zonas remotas afectadas por grupos armados organizados, la ayuda de emergencia entregada por organizaciones humanitarias complementa los esfuerzos del Estado cuando aparecen nuevos combates o cuando ocurren amenazas, reclutamiento forzado y homicidios. Contribuir a atender esas necesidades inmediatas es de vital importancia para estabilizar a las comunidades afectadas, creando mejores condiciones para que el Estado avance en sus compromisos de indemnización. 

Pero tan importante como la atención inmediata —como el suministro de agua potable, alojamiento temporal seguro, kits de higiene, educación en emergencias, seguridad alimentaria, salud o asistencia monetaria de emergencia— es el trabajo que realizamos los actores humanitarios junto con las comunidades para contribuir también a soluciones duraderas. Esto implica restablecer el acceso a una educación segura, garantizar los derechos sobre la tierra o reconstruir los medios de vida locales, lo cual es clave para prevenir o mitigar nuevos desplazamientos. 

Mientras llega la indemnización estatal, la ayuda humanitaria internacional contribuye a establecer las condiciones necesarias para un cambio duradero, garantizando que las comunidades estén mejor preparadas para hacer frente a un conflicto que no es suyo, al tiempo que mantiene viva la esperanza de un futuro mejor en sus territorios. 

Entre enero de 2026 y agosto de 2026, las organizaciones miembros del consorcio MIRE+ llegaron a casi 20.000 personas afectadas por el conflicto con asistencia vital, mientras acompañaron a otras 4.500 en sus esfuerzos por reconstruir sus vidas a largo plazo. 

“Si bien acelerar la indemnización de las víctimas y resolver el conflicto son responsabilidades prioritarias del Estado, alcanzar estos hitos requiere tiempo”, afirmó Aristin. “Esto hace que la solidaridad y el financiamiento internacional sostenido —provenientes de los Estados Unidos, la Unión Europea y las naciones donantes europeas— sean esenciales para brindar alivio vital y contribuir a soluciones duraderas para las comunidades afectadas por el conflicto”.